El mismísimo 24 de marzo de 1976, sólo horas después de que aquella Argentina hiciera ingreso en su noche más oscura a causa del golpe de estado militar, un suceso extraño e inesperado tenía lugar en la pequeña localidad de Libertador San Martín, en la provincia de Jujuy, la más boreal del país.
Este pueblito, Libertador San Martín, no es otra cosa que el satélite habitacional de la fábrica más importante que poseé la mega-empresa Ingenio Ledesma, la más importante dentro de un oligopolio de producción y comercialización de azúcar y papel.
De hecho, todos los habitantes del pueblito conocen al pueblo como “Ledesma” y no con el nombre oficial con el que rinde homenaje al prócer argentino. Ese mismo día se inició una cacería en por parte de oficiales de seguridad y del ejército en pos de capturar y secuestrar de manera ilegal a los delegados sindicales de la fábrica.
Y ya en ese mismo momento se ponía en evidencia un hecho contundente: dentro de los límites del ingenio, dichos cazadores se movían utilizando las pickups de la empresa, en una clara demostración de la connivencia entre las fuerzas represivas y la patronal empresaria. Esa tarde no volvieron a sus casas 5 personas. Unos pocos días más tarde también faltó un sexto gremialista, que había escapado de la primera redada avisado por conocidos y amigos.
No terminó allí.
Un par de meses más tarde ocurrió otro hecho inesperado. Un corte de luz, un blackout generalizado y sin preaviso, que se extendió durante varias horas, tanto en la fábrica como en el pueblo. Duró una noche y se repitió durante las siguientes seis. No se trató de una falla o un problema técnico, sino una acción deliberada para aprovechar la complicidad de las sombras y del sueño de los trabajadores para secuestrar otros 30 trabajadores. 29 de aquellos compañeros continúan hoy desaparecidos y solo una mujer pudo contar la historia.
Se la contó 36 años después, en lágrimas y con la piel erizada, al juez Poviña, que esta semana que termina tomó una de las medidas más trascendentales y significativas en el proceso de memoria, verdad y justicia que vive nuestro país.
El juez Poviña dictó el procesamiento del primer civil cuya pertenencia a la casta terrateniente y oligárquica es indubitable: Carlos Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma, fue y es uno de aquellos amos y señores que, para imponer su modelo de país basado en la fractura social y la destrucción de las clases medias, no dudó en amparar y darle rienda libre a una banda de mastines sedientos de sangre y cargados de odio que asolaron el país durante 7 años.
Hoy el señor Blaquier enfrenta a la justicia en calidad de procesado. Es el primero. No es el último.
Pruebas contundentes se alzan en contra de empresas multinacionales y sus más altos ejecutivos como los de Ford y Mercedes Benz. Y también en contra de empresas de capitales nacionales, que no dudaron en ensangrentar sus manos en contra de compatriotas para alinearse acríticamente con el poder internacional.
Argentina está recorriendo este proceso sin la intervención de potencias extranjeras ni siguiendo los dictados de ningún organismo internacional. No necesita de grandes puestas en escena en la Corte de La Haya ni de los juicios sumarios y ahorcamientos televisados como los de Iraq.
Lo único que Argentina necesita es que se sepa toda la verdad. Que los acusados disfruten de todas las garantías del debido proceso, el mismo que le negaron a sus víctimas. Y que los jueces actúen según la ley.
Es de la única manera en que, de manera genuina, será justicia.
